A 41 AÑOS... ¡GRACIAS!.

Hay muchas razones para agradecer al gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden que se inició con el Pronunciamiento Militar (o Golpe de Estado, me da lo mismo como le llamen) del 11 de septiembre de 1973.

En primer lugar, haber impedido que en el país se instaurara una dictadura marxista. Las fuerzas de izquierda llevaban más de una década empeñadas en la tarea de importar la revolución cubana y el gobierno del Presidente Allende no era más que la última etapa antes de lograrlo.

En segundo lugar, la eficacia con que actuaron las Fuerzas Armadas al derrocar al Presidente Allende y neutralizar a los focos de resistencia permitió que la guerra civil larvada en que se encontraba el país fuese sofocada con un costo relativamente bajo. Muchos se pueden escandalizar por mi afirmación, pero seamos objetivos. Según el Informe Rettig la cifra de muertos y desaparecidos por causa de la violencia política durante el período 1973-1990 es de 3.197, de los cuales 2.774 son atribuibles a las Fuerzas Armadas y 423 a la izquierda. Entiendo que para los familiares de los muertos (de ambos lados) el costo es infinito, pero desde el punto de vista social y situando los hechos en el contexto me parece, insisto, que el costo fue bajo porque las circunstancias favorecían que el número de muertos fuese mucho mayor. Desde la década de los ’60 la izquierda venía pregonando la lucha de clases o violencia revolucionaria. Así es como el Congreso Pleno del Partido Socialista ‒al cual pertenecía el Presidente Allende‒ celebrado en 1967 declaró a todos los chilenos que la violencia revolucionaria “es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y su ulterior defensa y fortalecimiento”. Es decir, iban a matar para llegar al poder y una vez en él iban a seguir matando para perpetuarse en él.

La postura de los otros partidos y grupos de izquierda era similar. Por ejemplo, en 1970, Gregorio Liendo ‒conocido como “Comandante Pepe” y segundo del MIR‒ declaró en una entrevista que tenía que “morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se convierta en realidad”; en ese momento la población chilena era de 8,8 millones de personas, por lo tanto la cifra del Comandante Pepe significaba… ¡más de un 11% de la nación! ¿Imposible que ocurriera? En absoluto: en Ruanda un enfrentamiento civil ocurrido en 1994 dejó 1 millón de muertos y la población del país era de 6 millones. Concedo que es poco probable que en Chile se hubiese llegado a esa cifra, pero la frase de Liendo ilustra el nivel de odio que impulsaba a los izquierdistas extremos de esa época. Como demostración, por esos mismos días en que el Comandante Pepe realizó la citada declaración, sus hombres se tomaron el fundo “La Tregua” en Panguipulli, perteneciente a una mujer viuda, Antonieta Maachel, quien “fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó tres hijos adolescentes librados a su suerte y despojados de sus bienes” (descripción de una amiga de la infortunada en una carta a El Mercurio). 

Los hombres del “Comandante Pepe” practicaron lo que los izquierdistas vociferaban por las calles de nuestras ciudades, como reconoció 40 años más tarde Roberto Ampuero en su columna del mismo diario pidiendo perdón a los chilenos porque en su calidad de joven miembro del Partido Comunista “entre 1970 y 1973 desfilé por las calles convencido de que a la democracia de Chile había que arrojarla por la borda… y vociferando… ‘los momios al paredón, las momias al colchón’”. No eran solo palabras, como lo demuestra el drama de Antonieta.

En fin, no sabemos cuántos hubieran sido los muertos si las Fuerzas Armadas no hubieran actuado esa mañana del 11 de septiembre hace 41 años, pero estoy convencido de dos cosas: (1) estaban dadas las condiciones para que el número de muertos fuese mucho mayor; (2) la principal causa y culpa de los dolorosos acontecimientos aquellos no radica en quienes derrocaron al Presidente Allende y constituyeron el nuevo gobierno, sino en aquellos que encendieron el odio y que hasta hoy le deben al país un mea culpa.

Con lo dicho hasta aquí hay más que suficiente para estar agradecidos. Pero además el gobierno de las Fuerzas Armadas reconstruyó la institucionalidad nacional. Fue una tarea titánica que involucró a muchos de los mejores chilenos de la época y que quedó fraguada en la Constitución de 1980. Hace 20 años un joven colombiano estudiante de Ciencias Políticas Chile me comentó admirado que el artículo primero de nuestra Constitución le parecía un poema: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios…” Siglos de evolución política y de influencia cristiana quedan reflejados en ese artículo primero.

Uno de los conceptos fundamentales que inspiró la nueva institucionalidad es la doctrina de la subsidiariedad, tomada de la Doctrina Social de la Iglesia y cuya aplicación en el ámbito económico ha permitido cuatro décadas de progreso. Pero primero hubo que restituir el derecho de propiedad devolviendo las empresas expropiadas e intervenidas ilegalmente por el gobierno de la Unidad Popular; luego se modificó la legislación laboral, minera, bancaria y tributaria; se dotó al Banco Central de autonomía para manejar la política monetaria; la Hacienda Pública se manejó con responsabilidad para establecer y mantener equilibrios macro económicos…; en resumen, se limitó el papel del Estado para entregarle a los chilenos la responsabilidad del desarrollo económico y ello permitió que desde 1975 a la fecha el país cuadruplicara su riqueza per cápita y redujera la pobreza de 50% a 11%.

Como resultado de las políticas del gobierno militar muchos chilenos pudieron  emprender y crearon pequeñas y medianas empresas que hoy constituyen buena parte de la base productiva del país. A ello también contribuyó la creación de un ingenioso sistema tributario en virtud del cual los empresarios tributamos no por las ganancias de nuestras empresas sino por las ganancias personales (o retiros), conocido como Fondo de Utilidades Tributables o FUT, lo que promueve que la mayor parte de las utilidades sean devueltas a la sociedad vía reinversión. Siendo hijo y continuador de uno de esos pequeños empresarios que debieron soportar el desorden, la corrupción e intervencionismo arbitrario del Estado durante los infaustos años del gobierno marxista, me siento especialmente obligado a dar gracias a quienes hicieron posible la liberalización de la economía.

Otra importante reforma fue la privatización de la administración de los fondos de pensiones mediante la creación de un sistema de capitalización individual que reemplazó el antiguo sistema de reparto. Gracias a esta reforma el monto de la jubilación de una persona es el resultado directo del ahorro que haya realizado ella misma. A su vez, a nivel macro este sistema constituye un potente mecanismo de ahorro nacional y que ha contribuido, inversión mediante, al espectacular crecimiento económico del país. Por contraste, los países que han conservado los sistemas de reparto se enfrentan actualmente  a la insolvencia de su sistema de pensiones, lo cual recarga el gasto público favoreciendo que muchos de ellos estén hundidos en una crisis económica que se arrastra por años y ahora buscan con desesperación una solución. Les llevamos 34 años de ventaja.

La lista de razones para agradecer puede ser engrosada por varias otras reformas y aciertos; por ejemplo: se creó el sistema privado de prestaciones de salud; se crearon las condiciones para el surgimiento de universidades permitiendo que hoy un millón de jóvenes accedan a la educación universitaria; se evitó una guerra y sin ceder soberanía (por contraste, el gobierno siguiente cedió soberanía sin que hubiese peligro de guerra); la acción policial y militar permitía, a pesar del terrorismo, un clima de orden y seguridad que hoy se echa en falta (mi oficina ha sido robada en cinco ocasiones, mis tiendas son asaltadas con frecuencia, hace poco una casa de mi cuadra fue asaltada y la mujer que la cuidaba fue violada por los seis asaltantes). Pero lo más importante, tal vez la síntesis de todas las transformaciones, es que se le entregó a cada chileno la responsabilidad por su vida y la de su familia, de manera que no sea el Estado −esa entelequia anónima e impersonal− el que planifique y administre nuestras vidas, sino que cada uno sea dueño de su propio destino.

Muchos no lo entienden y otros lo entienden pero prefieren que sus vidas sean manejadas por burócratas a quienes ni siquiera conocen. Yo lo entiendo y lo valoro. Y por eso doy gracias a todos quienes lo hicieron posible: a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden que asumieron la tremenda responsabilidad ese 11 de septiembre hace 41 años y encabezaron el nuevo gobierno (Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza); a quienes los sucedieron en la tarea; a quienes estuvieron a sus órdenes; a quienes combatieron el terrorismo, algunos de ellos muertos en servicio y otros hoy injustamente presos; a los civiles que, recibiendo sueldos a veces muy inferiores a los que podían recibir en el sector privado ‒y sin recibir sobresueldos‒ asumieron funciones públicas para ayudar a construir la nueva institucionalidad (como Sergio de Castro, Miguel Kast, José Piñera, Hernán Buchi, por nombrar sólo a unos pocos); a Jaime Guzmán, quien que pagó con su vida el aporte realizado en la elaboración de la nueva Constitución y que no se cansó de predicar las falacias del marxismo.

A todos ellos, muchas gracias y que Dios los bendiga.